La reacción de China ante el arresto de Nicolás Maduro en Estados Unidos fue inmediata y contundente.
El gobierno chino expresó su desacuerdo con la forma en que se ejecutó la detención y advirtió que este tipo de acciones pueden romper el equilibrio diplomático entre países, además de aumentar las tensiones en un contexto internacional ya frágil.
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Pekín pidió a la administración de Donald Trump que se respetaran los principios del derecho internacional, en especial la soberanía de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de otras naciones.
Para China, capturar a un jefe de Estado extranjero sin un consenso multilateral representa un precedente peligroso.
China también solicitó que se protegieran los derechos humanos y legales de Maduro durante todo el proceso.
Insistiendo en que cualquier acusación debe resolverse a través de mecanismos judiciales reconocidos internacionalmente y no mediante decisiones políticas unilaterales.
Además, el gobierno chino subrayó que la crisis venezolana debe resolverse por la vía del diálogo entre los propios venezolanos, sin presiones externas ni imposiciones desde el extranjero.
Pekín defendió la idea de que solo una solución interna puede traer estabilidad real y duradera al país sudamericano.
Finalmente, China utilizó el caso para reforzar su discurso global contra el uso excesivo del poder por parte de las grandes potencias, recordando que la cooperación, el respeto mutuo y la diplomacia deben prevalecer sobre la confrontación y las acciones coercitivas en las relaciones internacionales.
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